Albal

Albal confirma la legalidad de los trámites de la nueva estación de tren

El Ayuntamiento solicita a la Agencia Antifraude que archive el expediente que abrió, a raíz de una denuncia anónima, y que cuestiona las competencias del consistorio para suscribir el convenio con ADIF para la ejecución y financiación del proyecto, avaladas ahora por el informe elaborado por el catedrático José María Baño León

El Ayuntamiento de Albal ha convocado un pleno, con carácter urgente, donde presentará las conclusiones de un informe jurídico externo, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José María Bañó León, a petición del consistorio. El documento discrepa de manera fundada los razonamientos y las presuntas irregularidades que ha notificado la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana, tras una denuncia anónima y cuyo requerimiento surge a consecuencia de la firma del convenio interadministrativo con la ADIF –suscrito el 28 de febrero de 2019- para la construcción y financiación de la nueva estación de cercanías cuyas obras concluirán el próximo febrero de 2023.

El informe encargado al prestigioso catedrático ya está en manos de la corporación local y se debatirá en la cita plenaria que se celebrará el próximo jueves 21 de noviembre, a las 20.15 horas, en el salón de plenos del consistorio que preside Ramón Marí. Para el primer edil, “el documento confirma la legalidad de los trámites que hemos seguido para la construcción de la estación de tren, cuyas obras concluyen en febrero del próximo año”.Ramón Marí matiene que la denuncia, cuyo titular se desconoce, “se debió a fugas de información por puros intereses políticos”. En el informe que el Ayuntamiento de Albal presentará al pleno se apunta que cuando se aprobó el convenio con ADIF en 2019, fue objeto de alegaciones e incluso de sendos recursos de reposición, por parte de dos concejales que votaron en contra de mismo, “alegaciones y recursos que fueron desestimados por el pleno municipal en julio de 2019, sin que se presentara posteriormente recurso contencioso-administrativo”, añade el primer edil.

El primer requerimiento de la Agencia Antifraude fue en noviembre de 2020, desde entonces, el consistorio ha aportado la documentación requerida que se completará con el informe técnico de Bañó León y cuyas principales conclusiones son:

– Desestimar la concurrencia de las posibles irregularidades objeto de la denuncia e investigación de la Agencia Antifraude, en relación a la firma del convenio con la ADIF, para la estación ferroviaria.
– El requerimiento de la Agencia apuntaba a la extralimitación competencial del Ayuntamiento en la suscripción, ejecución y adenda del convenio, el documento técnico que defenderá el Gobierno de Albal en el pleno, reitera que el consistorio ostenta plenas competencias para la suscripción he dicho convenio, para la construcción y financiación del proyecto, puesto que el consistorio ejerce plenas competencias en materia de Urbanismo, medio ambiente, infraestructuras viarias, transporte público de viajeros y tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. El dictamen razona la pertinencia del convenio suscrito, por constituir una técnica habitual de cooperación administrativa.
– Se descarta, asimismo, cualquier ilegalidad en el proceso de obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos, tanto de construcción de la estación, como de las instalaciones complementaria, ya que algunas parcelas fueron obtenidas por cesión anticipada de sus propietarios al Ayuntamiento, con reserva de aprovechamiento, en tanto que otros hubieron de obtenerse por expropiación de RENFE a favor de ADIF.
– En la propuesta de acuerdo, el Ejecutivo de Ramón Marí quiere dar traslado de la improcedencia de iniciar oficio contra el Ayuntamiento por la ausencia de causa de nulidad de pleno derecho que justifique hacer uso de tal instrumento. Dirigido al director de la Agencia Antifraude en relación a las recomendaciones de la resolución del expediente de investigación 2022/G01_02/000057.
– Informar a su vez de la improcedencia de exigir responsabilidades disciplinarias, contables o de ninguna otra naturaleza a los funcionarios o autoridades que han participado en la adopción y ejecución del convenio.
– Solicitar a la Agencia Antifraude que pueda declararse la conclusión y archivo del referido expediente.

El alcalde concluye que el dictamen confirma la legalidad de la construcción de la nueva estación de cercanías, “que siempre ha sido defendida por este equipo de gobierno y pone de manifiesto la intencionalidad política de quienes utilizaron la Agencia Antifraude para oponerse a la nueva infraestructura tan necesaria para el desarrollo de un municipio”.

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