Alboraya primer municipio de la provincia en firmar un convenio de cesión con la Conselleria de vivienda sobre el derecho de tanteo para la compra de la vivienda

El miércoles 13 de enero, el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, recibió en el ayuntamiento, junto con la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla, al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau y a la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga.

Los tres representantes firmaron un convenio para la cesión por parte de la Conselleria del derecho de tanteo y retracto al consistorio para que pueda adquirir vivienda pública y poder optar a las subvenciones con la finalidad de cubrir las necesidades habitacionales y sociales del municipio.

Durante la visita, el vicepresidente segundo también se interesó por el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, ya que este «permitiría en un futuro dotar tanto desde Conselleria como desde el Ayuntamiento de Alboraya de vivienda pública a los vecinos y vecinas», afirma el primer edil de Alboraya, Miguel Chavarría.

Alboraia, primero en firmar

El convenio de la Generalitat con los ayuntamientos es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.

Con este mecanismo se agilizan las tramitaciones relativas a las adjudicaciones de los inmuebles, al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente, el ayuntamiento puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas.

Alboraia es el tercer ayuntamiento de la Comunitat y el primero de la provincia de Valencia, tras los municipios alicantinos de San Joan de Alacant y Sant Vicent del Raspeig. Ambos lo suscribieron el pasado mes de noviembre.

El convenio tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse. Una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento del mismo.