EU de Aldaia insiste en su acusación de irregularidades administrativas pese al archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía
Tras la información de que la Fiscalía ha archivado una denuncia de EU de Aldaia sobre el contrato de gestión de nóminas del ayuntamiento, el concejal y portavoz de esta formación política, Juanjo Llorente, ha señalado que, «la Fiscalía no declara inocente al alcalde, se limita a valorar que no encuentra indicios penales, por lo que no lo llevará a juicio. Ello no es óbice para considerar la existencia de irregularidades administrativas ‘muy graves’, que pueden dirimirse planteando un contencioso-administrativo».
Llorente ha indicado asimismo que «los denunciantes tenemos las opciones de presentar una denuncia penal directamente al juez o bien recurrir a la vía contencioso-administrativa», aunque parece que lo descarta al explicar que ello «exigiría, sólo para poder tramitarla, un desembolso económico importante del grupo municipal que no puede asumir, considerando el presupuesto de 2.000 euros anuales recibidos del ayuntamiento para gastos de todo tipo».
El concejal de EU recalca que «hubo irregularidades evidentes en la gestión de nóminas, como en particular pagar por sus servicios a una empresa privada sin hacer una licitación previa, motivo por el que la Intervención ha venido informando con ‘recursos suspensivos’ a estos pagos. Lo que pasa es que, dentro del sistema jurídico que padecemos en España, existe un filtro muy restrictivo para evitar o dificultar las imputaciones penales de responsables políticos de las administraciones públicas, así como una secular falta de recursos por parte de la Fiscalía para investigar y atender con suficiente detalle las denuncias que se les presentan».
En cuanto a las acusaciones del gobierno municipal de que el concejal denunciante pretendía «deteriorar la imagen de la corporación municipal», Llorente asegura que «resulta llamativa la doble confusión que traslucen. Primero, al identificar la gestión del gobierno socialista de 8 miembros con la corporación en su conjunto, integrada por 21 concejales y concejalas. Del mismo modo, resulta absurdo el rechazo socialista a que la oposición cumplamos nuestra obligación de hacer oposición, en lugar de limitarnos a aplaudir las ocurrencias del alcalde, es bien sabido que por lo común poco afortunadas y peor gestionadas».
Por otro lado, el concejal de EU ha anunciado que, dentro de su «papel de fiscalización», EU Verds tramitó la semana pasada «una nueva denuncia por lo penal, esta vez contando con asistencia letrada, a propósito de los sobresueldos que percibe determinado personal municipal. Pero hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado, por lo que no procede entrar en detalles».