La Comunitat Valenciana en ‘toque de queda’

alència, 22 oct (EFE).- La Generalitat va a pedir que se aplique un toque de queda en toda España para frenar el avance de la pandemia de coronavirus desde la medianoche hasta las 6 de la mañana y aplicable hasta el 9 de diciembre, y si no hay acuerdo lo solicitará para la Comunitat Valenciana.

Así lo ha transmitido este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, a los agentes sociales, síndics de Les Corts y al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, antes de oficializar la petición en el Consejo Interterritorial de Sanidad de esta tarde.

La patronal CEV y los sindicatos CCOO y UGT han respaldado esta medida, ya que en su opinión logra hacer compatible la actividad económica con la lucha sanitaria contra la covid-19, y podría permitir llegar a las fiestas navideñas con mejores cifras en la evolución de la pandemia.

Desde la oposición, tanto Isabel Bonig (PP) como Toni Cantó (Ciudadanos) han mostrado su apoyo a un toque de queda de ámbito nacional, y si no es posible en toda España para la Comunitat, pero piden que se complemente con medidas sanitarias (más PCR y rastreadores) y económicas (ayudas a los sectores afectados).

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha indicado que esta medida de reducción de la movilidad en una franja horaria es la «más lógica» desde el punto de vista empresarial, pues permite a los sectores esenciales trabajar «con normalidad», al igual que a las empresas que lo hacen en ese horario.

Para el secretario general de CCOO, Arturo León, el toque de queda está «justificado» para mantener la actividad económica y luchar contra la covid, y el secretario general de UGT, Ismael Sáez, ha indicado que esperan que esta medida dé «buenos resultados» y se pueda «rebajar» el toque de queda para las fiestas navideñas.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha reivindicado que el toque de queda se aplique en toda España, y si solo fuera en la Comunitat no estarían en contra, pero necesitarían «más datos» y que fuera acompañado de test masivos y más rastreadores, porque quedarse «solo en las limitaciones» es «no entender nada».

Bonig ha pedido además que se resuelva ya el problema de los MIR, que «se tome en serio» a la atención primaria, se potencie la colaboración público privada y se replantee la reversión del hospital de Torrevieja, un «error sanitario sin precedentes» en este momento de pandemia que pagarán los valencianos.

El síndic de Cs, Toni Cantó, ha indicado que la decisión debe ser «técnica y no política» y contar con un «paraguas legal» para que no pueda sufrir una marcha atrás, y ha indicado que, aunque preferirían medidas «uniformes» para toda España, no se opondrían a que se aplicara solo en la Comunitat, siempre que se complemente.

Así, Cantó ha reivindicado que el toque de queda vaya acompañado de más pruebas PCR, más contrataciones de médicos y enfermeras, y ayudas a la hostelería y el ocio nocturno, sectores que lo están «pasando muy mal»

Desde los partidos que apoyan al Consell, el síndic socialista, Manolo Mata, ha destacado que quizá esta medida no sea «estrictamente necesaria» dada la incidencia del virus en la Comunitat, pero contribuirá a «reducir la curva» y a poder «salvar la Navidad».

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que esta medida no tiene «un alto impacto económico, pero si tendrá un buen impacto en la salud valencianos», ya que permitirá «salvar vidas», y ha destacado que no existe una «falsa dicotomía entre salud y economía».

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha indicado que, pese a que la Comunitat tiene mejores datos del virus que otras autonomías y países, hay que seguir tomando medidas para evitar contagios, y ha indicado que esta restricción de la movilidad es «acertada».

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha mostrado el apoyo a medidas como esta, que pueden evitar las consecuencias económicas de un cierre o confinamiento, y ha explicado que los policías locales han detectado que han bajado un 30 % las quejas de ruido en establecimiento público, el ocio regulado, y han subido un 50 % en viviendas y locales privados. EFE