La Fiscalía archiva la denuncia de la Unión de Consumidores por el cierre de las clínicas Idental

La Fiscalía Provincial de Valencia considera que no tiene datos suficientes que indiquen que la actuación de las Clínicas iDental exista alguna infracción penal ni delito. Esta es la conclusión que se desprende de la notificación recibida hoy en la Unión de Consumidores de Valencia en la que la Fiscalía Provincial de Valencia procede al archivo de la denuncia que el pasado 30 de mayo presentó ante este órgano judicial, y en la que la UCV solicitaba que, ante un posible delito de estafa y abandono de pacientes, investigaran la actuación de dichas Clínicas, que aún no habían procedido al cierre total, al objeto de los perjuicios económicos y de salud que han ocasionado al consumidor.

La Unión de Consumidores recuerda que, «tras el cierre definitivo de las clínicas IDental, 20.000 valencianos se encuentran indefensos y desconcertados con un importante problema económico y de salud, y sin una respuesta satisfactoria, ni por parte de la administración ni por parte de la justicia». La Unión de Consumidores de Valencia está tramitando y asesorando a los afectados y solicitando a las financieras de los créditos concedidos para los tratamientos odontológicos que paralicen el cobro de las cuotas pendientes a los consumidores afectados.

Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana lamenta la decisión de la Fiscalía Provincial de Valencia sección penal, «sobre todo por la falta de interés en investigar los hechos denunciados que están perjudicando a miles de valencianos». En cambio, este criterio no es compartido por otras Fiscalías Provinciales que si han iniciado diligencias penales para investigar.

La Unión de Consumidores de Valencia considera que este tipo de actuaciones «no pueden quedar sin respuesta por parte de las distintas administraciones en sus respectivos ámbitos de actuación, tanto administrativo como judicial». La UCV continúa tramitando las reclamaciones de los afectados y solicitando la paralización de los cobros de los créditos y a la espera de la respuesta de la Fiscalía Provincial de Valencia, sección derechos de los consumidores, en cuanto a la solicitud de una acción colectiva para paralización de los préstamos de financiación.

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