Alboraya podría perder hasta 4 millones de euros en subvenciones si no presenta su Cuenta General
La oposición impidió con sus votos en contra en el pleno municipal el cumplimiento legal de presentación de cuentas
La oposición impide el cumplimiento legal de presentar la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Alboraya a la Sindicatura de Cuentas, por lo que el municipio podría perder hasta cuatro millones de euros en subvenciones de la Diputació de València y la Generalitat Valenciana.
En el pleno municipal celebrado ayer, 25 de septiembre, los votos en contra del Partido Popular, Vox, Alboraya Actúa e Izquierda Unida, impidieron aprobar la presentación de las cuentas formuladas por el servicio de Intervención, órgano encargado de la fiscalización y el control interno de la gestión económica, presupuestaria y financiera del municipio.
No obstante, en la Comisión Especial de Cuentas celebrada a finales de julio de 2025, el informe para la presentación de la Cuenta General fue favorable, con los votos a favor de PSOE y Compromís, las abstenciones de PP y Alboraya Actúa, y el voto en contra de Vox. Tras esta comisión, se expuso al público el informe emitido por un plazo de 23 días, en el que ningún grupo político presentó alegaciones, observaciones o reclamaciones, por lo que se siguió adelante con el proceso para su aprobación definitiva en el pleno y su presentación a la Sindicatura de Cuentas para su fiscalización. Al no presentar ninguna alegación, se impide a los técnicos contestarlas y justificar las dudas respecto a las cuentas que puedan surgir ante la votación.
El equipo de gobierno señala que el cambio de votos para su aprobación definitiva pone en juego casi cuatro millones en subvenciones que podría dejar de recibir el municipio de Alboraya por incumplir este requisito legal.
También reclama a los grupos políticos que han impedido presentar la Cuenta General redactada por el funcionariado del ayuntamiento y los auditores externos, que resuelvan sus dudas y eviten este estancamiento que perjudicaría a la financiación municipal y a toda la ciudadanía.