Antifraude detecta un sobrecoste de un millón de euros en un convenio del Ayuntamiento de Albal y Adif en la época de Ábalos
EFE- La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado irregularidades en la tramitación y ejecución de un convenio del Ayuntamiento de Albal (Valencia) con Adif, entonces presidida por Isabel Pardo de Vera, que supuso un pago por parte del Consistorio al administrador ferroviario en un cifra superior en más de un millón de euros sobre el coste real de las obras y expropiaciones.
Esta agencia ha remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, un informe relacionado con esa obra, la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia), al observar una serie de posibles irregularidades, que el magistrado ha ordenado a la UCO que una a su investigación.
Irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio
En el informe, al que ha tenido acceso EFE, se señala que el origen de esa actuación se remonta a un protocolo firmado en mayo de 2011 siendo ministro de Fomento José Blanco López y que después, en 2019, se materializó en un convenio entre el alcalde de Albal, Ramón Marí Vila, y Pardo de Vera.
El expediente que tramitó la Agencia Valenciana Antifraude refleja diversas irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio, «que supusieron un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a Adif en un importe superior en más de 1.000.000 de euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones».
La adjudicataria fue la empresa Lantania SL y el contrato se adjudicó siendo ministro José Luis Ábalos y fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea.
«Entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación -prosigue el informe- merece destacar que no se cumplió con todas las determinaciones del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana)».
La dana
Precisamente la agencia antifraude considera que la trascendencia de este incumplimiento es que la estación no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto «debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana en otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras» (el 29 de octubre).
El informe duda de que ese 29 de octubre se hubiera podido recepcionar la obra, cuando cinco meses más tarde -en marzo de 2025- se encontraba pendiente de aprobar la certificación final de esa construcción.
La Agencia especifica al juez del Supremo que no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque «eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva», es decir de Adif.
Y añade que, por esa misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificadas.
Incremento no justificado
Concluye el informe que se han constatado «conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves en relación con la tramitación, financiación y firma del convenio» entre Adif y el Consistorio de Albal, y que esa irregularidades «implican vicios de nulidad por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Y añade que el incremento del coste en la citada obra no fue justificad en ningún informe técnico, jurídico ni económico.
La Agencia Antifraude ha traslado al juez del Supremo un segundo expediente referido a Fiadelso (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social), en la que participó José Luis Ábalos, y en el que concluye que esta entidad «incurre en causa de disolución por no haber sido aprobadas las cuentas de la fundación de los años 2016, 2017, 2018, 2019,2020 por el Patronato de la fundación».
Este informe precisa que no se han realizado más investigaciones sobre Fiadelso porque serían «prospectivas», pero detalla quiénes han sido sus dirigentes desde 1992.
El pasado mes de marzo el juez Leopoldo Puente ordenó seguir investigando el patrimonio de Ábalos y la citada fundación, «en la que tuvo activa intervención», y pidió a la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana que aportara la documentación relativa a Fiadelso, desde su constitución hasta su extinción.