Burjassot, La Pobla de Farnals y Alaquàs, primeros municipios de l’Horta en pedir ser declarados zona tensionada

Ante la exponencial subida del precio de la compra de la vivienda y de los alquileres, varios municipios de l’Horta han solicitado ya ser declarados zona tensionada. Los primeros en tomar esta decisión han sido Burjassot, La Pobla de Farnals y Alaquàs.

Pedir ser declarada zona tensionada (oficialmente zona de mercado residencial tensionado) supone que una ciudad o municipio solicita a la administración competente poder aplicar medidas especiales para frenar el encarecimiento de la vivienda, especialmente del alquiler.

Por ello, estas localidades han solicitado a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como zona tensionada en caso de darse las condiciones establecidas en la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Las poblaciones de la comarca están sufriendo: el incremento sostenido del precio del alquiler, la presión derivada de su integración en el área metropolitana de València y la elevada demanda de vivienda por parte de población joven, y esta situación por sí sola, no está garantizando condiciones de acceso equilibradas.

En Burjassot,  por ejemplo, existe una fuerte presencia universitaria y de población joven flotante provocada por la existencia de campus universitarios en el municipio, y en el entorno inmediato, todo lo cual coadyuva a incrementar significativamente la demanda de vivienda en alquiler, especialmente de pequeños pisos y habitaciones, tensionando así los precios de los alquileres en el conjunto del municipio.

La realidad es que el incremento continuado del precio del alquiler, en relación con las rentas locales de las que disponen los ciudadanos de Burjassot para afrontarlo, es consecuencia de una constante y exponencial evolución al alza del precio medio del alquiler que no ha ido acompañada de un crecimiento equivalente de los salarios medios.

La moción presentada por Alaquàs contempla también instar al gobierno de España a garantizar el incremento anual del parque público hasta el 9,2% el 2030 (media europea), convertir el 100% de las viviendas de la SAREB en parque público de alquiler, prohibir la compra de vivienda para usos no residenciales a fondo buitres y sociedades Especulativas, crear barreras de entrada para inversores que buscan rentabilidades altas y rápidas, limitar el precio legal del alquiler para que cabe persona tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, implementar el modelo de contrato de alquiler indefinido asequible como otros lugares de Europa, limitar las subidas anuales del alquiler al IPC real y establecer un supuesto de recargo progresivo del IBI a partir de la 3.ª vivienda vacía.

Estos pueblos son los primeros de la comarca en tomar la decisión formal, pero otros municipios del área metropolitana de València, como Torrent, Mislata o Paterna, también presentan tensiones en el acceso a la vivienda y no se descarta que puedan ir sumándose a esta petición.

¿Qué supone en la práctica esta declaración?

Para los inquilinos, la declaración de zona tensionada implica una mayor protección frente a subidas excesivas del alquiler, con mecanismos que buscan estabilizar o limitar los incrementos de precio en los nuevos contratos.

Para los propietarios, supone un mayor nivel de regulación, con restricciones en la fijación de rentas y límites en determinadas condiciones de actualización o renovación de contratos.

Para el municipio, se trata de una herramienta con la que intentar contener la escalada de precios y mejorar el acceso a la vivienda, aunque su efectividad es objeto de debate entre expertos, administraciones y agentes del sector.