La Guardia Civil desmantela una clínica de bótox en Burjassot
La Guardia Civil ha desmantelado tres clínicas estéticas clandestinas ubicadas en domicilios de las provincias de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de bótox (toxina butolínica) sin garantías sanitarias ni cualificación profesional a partir de 150 euros, muy por debajo de los 600 euros que tienen estos procedimientos en el mercado regulado.
En la operación Zlata, en la que por ahora se ha detenido a una persona y se investiga a tres más, también se ha desarticulado un centro de almacenamiento en Alicante que distribuía fármacos exentos de control médico a España, Lituania y Reino Unido.
Además, se han incautado 1.248 viales de bótox y 382 jeringuillas de ácido hialurónico, según han detallado este miércoles en rueda de prensa mandos de la Guardia Civil.
La investigación, iniciada en la comandancia de Tarragona en agosto de 2025 mediante el ciberpatrullaje de las cuentas de redes sociales de las clínicas, sigue en curso con los objetivos de cuantificar los pacientes afectados y el volumen económico de las operaciones, y desarticular otras posibles clínicas clandestinas en el país.
Un ámbito de “especial sensibilidad”
Según el Delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, este es un ámbito “de especial sensibilidad” teniendo en cuenta que las operaciones estéticas en España han aumentado más de un 200 % en los últimos 10 años, el 75 % de ellas hechas a mujeres, según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética.
Los investigadores alertan del riesgo directo que generan en la salud de los usuarios los procedimientos estéticos realizados al margen de los circuitos legales y sin garantías sanitarias, que actualmente están “proliferando”, ha admitido el jefe de la Comandancia de Tarragona, el teniente coronel Jordi Verger.
En este sentido, han hecho un llamamiento a que la ciudadanía tenga precaución cuando reciba uno tratamiento como estos, comprobando que las clínicas tengan garantías sanitarias y jurídicas y que sus trabajadores estén debidamente colegiados.
Clínicas en Reus, Burjassot y Pilar de Horadada
Las clínicas desmanteladas, situadas en viviendas de Reus (Tarragona), Burjassot (Valencia) y Pilar de Horadada (Alicante), fueron registradas los pasados 8 y 9 de abril en un operativo en el que participaron la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Tarragona, la Unidad Técnica de la Policía Judicial y las Comandancias de la Guardia Civil de Valencia, Alicante y Tarragona.
Los centros no estaban registrados como empresa ni figuraban en el régimen de autónomos, los ‘cosmetólogos’ -como ellos se definían- que practicaban los tratamientos no estaban colegiados, y los residuos médicos que generaba su actividad acababan en la basura ordinaria, han explicado el teniente coronel Jordi Verger, y el capitán jefe de la Policía Judicial de Tarragona, David Herreras.
La operación también desarticuló el centro de almacenamiento clandestino del que se proveían dichas clínicas, ubicado en otro domicilio particular de Pilar de Horadada, que desde 2017 importaba fármacos y material médico, mayoritariamente desde China.
Los fármacos y el material médico se distribuía mediante unos 2.000 envíos anuales, el 75 % de ellos destinados a España y el resto a país de la Unión Europea (UE), principalmente a Reino Unido y Lituania.
“La toxina butolínica en la UE tiene ciertas garantías sanitarias, pero si estamos hablando de toxinas que proceden de otros países, esa garantía no se puede asegurar”, ha alertado Herreras.
Un detenido y tres investigados
En la operación de Alicante se detuvo a quien la Guardia Civil considera el “principal responsable” de la organización, titular de las empresas en España y Reino Unido, y se investiga actualmente a tres personas más como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional.
Durante los registros, además, se confiscaron 4.500 euros en efectivo y se incautaron 269 viales de hialuronidasa, 51 envases de lidocaína, 679 envases de productos sanitarios diversos y más de 1.000 agujas y jeringuillas, equipo informático, diversa documentación y material destinado al empaquetado y distribución.
Tras hacer los debidos muestreos en la agencia judicial, los fármacos se mandarán a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para comprobar su composición, han avanzado los mandos de la Guardia Civil, que procederá la investigación realizando un estudio patrimonial para determinar si hubo blanqueo de capitales.
De momento, no se han recibido denuncias de clientes afectados, pero el cuerpo anima a cualquier ciudadano que haya tenido algún tipo de afectación, como parálisis faciales, a contactarles para aportar sus casos a la causa judicial. EFE