La jueza de la dana pide investigar a Mazón por su «exclusión voluntaria» de la emergencia
La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue al expresident Carlos Mazón porque cree que su «exclusión voluntaria» en aquella emergencia «tuvo una repercusión decisiva» en el fallecimiento de 230 personas.
En un escrito de 109 páginas, 60 de las cuales dedica a las víctimas, la jueza sostiene que existe un «nexo causal» entre «la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo» y las muertes que produjeron las riadas de aquel 29 de octubre de 2024.
«El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante».
La instructora Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el «escaso intercambio de las llamadas» que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, «la escasa duración de las mismas o la falta de interacción con los responsables autonómicos».
Dicha pasividad cabe «calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada», añade.
A su juicio, «existen indicios» de la «eventual participación» de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: «La condición de (José Manuel) Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes».
Además, la expresión «de confinar nada, Salo” (en un Whatsapp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un «carácter claramente imperativo». «En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior», remarca.
Por todo lo anterior, la «negligencia» en la que supuestamente incurrió Mazón es «grave» en opinión de la instructora, y como tuvo un «resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal», es decir, el que permite «elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado».
Punto de inflexión en la causa
La acusación directa hacia el expresident que ha formulado la jueza de Catarroja podría marcar un punto de inflexión en esta causa judicial, que nació el 30 de octubre de 2024 y que, desde marzo de 2025, centraliza todos los fallecimientos ocurridos en las riadas.
De admitir el alto tribunal valenciano la tesis de los indicios contra Mazón, el resto de la instrucción judicial (quedan por declarar cerca de un centenar de testigos) pasaría a manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, la única instancia autorizada para investigar al expresident, que es aforado ya que conserva su acta de diputado autonómico.
Reacciones políticas y de víctimas
Tras conocer el paso que ha dado la instructora de Catarroja, la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado que «tenía que llegar tarde o temprano», y que el expresident de la Generalitat está «más cerca del banquillo» y «los valencianos, de obtener justicia».
El Gobierno ha instado al Partido Popular a exigir a Mazón su acta como diputado autonómico, al igual que han hecho los grupos parlamentarios de la oposición en Les Corts, el PSPV-PSOE y Compromís.
Desde las filas del PP, su síndic en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza. «No somos como ellos y además no queremos serlo», ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas, y tampoco ha aclarado si el partido pedirá el acta de diputado al expresident.
Dos de las asociaciones de víctimas de la dana ven con «cautela» la decisión de la jueza de Catarroja de pedir que se investigue a Mazón, quien, consideran, «continúa protegido» por el Consell actual que preside Juanfran Pérez Llorca.