El esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda hoy es más del doble que en 1987

Una familia necesita para ello actualmente los ingresos brutos de más de 7 años, mientras que antes lo podía hacer sólo con los de menos de 3

El esfuerzo que debe hacer una familia hoy día para adquirir una vivienda, en ingresos brutos anuales, es más del doble del que tenía que hacer en 1987. Según datos del Banco de España, en 1987 una familia debía destinar el conjunto de sus ingresos de 2,9 años para comprar a una vivienda. Desde entonces, y hasta el año 2000, el esfuerzo para comprar una vivienda se mantuvo en niveles relativamente bajos, oscilando entre 2,9 y 4 años de renta bruta, pero después empezó a superar el límite de lo que los expertos consideran un esfuerzo financiero prudente, fijado en cuatro años de renta bruta anual, y alcanzó un pico máximo de 9,3 años de renta bruta en 2008. Posteriormente, durante la crisis económica, se observó una ligera disminución, pero la tendencia general fue la de un aumento sostenido en los años siguientes, hasta llegar en la actualidad a los 7,7 años de renta bruta del hogar, según se señala en el informe ‘Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, publicado recientemente por la Fundación FOESSA.
En dicho informe se resalta asimismo que hay otro elemento que incrementa el nivel de esfuerzo comparativo que tienen que hacer las familias para la adquisición de una vivienda a día de hoy. En 1987, el 54% de los hogares tenía un único perceptor de renta, es decir, un único salario por hogar o una única pensión, mientras que esa cifra en 2023 se reduce al 33%. Es decir, hay un mayor número de hogares hoy en día que cuentan con más de un aporte, principalmente por la incorporación femenina al mundo laboral. Sin embargo, a pesar de que en 2023 hay muchos más hogares que cuentan en su seno con dos o más aportes, la cantidad de renta bruta anual que deben dedicar los hogares es cada vez mayor.

Aumento del EURIBOR
Además, se destaca el hecho de que este esfuerzo para la adquisición de vivienda se ha visto también incrementado últimamente por la fuerte subida del EURIBOR, que ha pasado, en apenas un año, de valores negativos (-0,06 en agosto de 2022) al 3,58% de agosto de 2023. Según los datos del INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas era de 136.000 euros en junio de 2023, con un plazo medio de 24 años y un interés medio del 2,5%. Con estas condiciones, una revisión anual
del EURIBOR al 4% supondría un aumento de la cuota mensual de unos 260 euros y un incremento del coste total del préstamo de unos 31.000 euros.
En 2018, esta realidad afectaba al 9,9% de los hogares, 1,8 millones de familias luchando por mantener un equilibrio económico que les permitiera afrontar no solo los gastos habitacionales, sino también otras necesidades básicas, pero esta situación se ha agravado en el transcurso de los años, afectando en 2021 a un preocupante 16,8% de los hogares, lo que equivale a más de 3 millones de familias, una situación que FOESSA califica de “alarmante” en su informe.
Por otro lado, desde 2015 hasta la actualidad, el precio para adquirir una vivienda se ha incrementado un 51% y, en el caso específico de la vivienda nueva, el precio ha crecido un 74%. Es decir, si en 2015 una familia podía comprar una vivienda nueva con 100.000 euros, en 2023 la misma vivienda costaría 174.000 euros. El incremento ha sido continuado desde 2015, pero se ha acentuado en los últimos tres años, cuando las subidas han sido superiores.
Este hecho, junto con las barreras económicas y financieras, combinadas con la incertidumbre laboral, está mermando considerablemente la capacidad de los jóvenes para entrar en el mercado de la vivienda en propiedad.

Derecho o negocio
Cabe recordar que el acceso a una vivienda adecuada aparece como un derecho fundamental en la Constitución española. Y así lo refrendan varios artículos de la Carta Magna, destacándose especialmente en el artículo 47, donde se establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Se reconoce, por tanto, la provisión de una vivienda adecuada como uno de los principios rectores de las políticas públicas y elemento esencial para para el bienestar y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, esta afirmación no se ha materializado en una garantía efectiva para todos.
En contrapartida, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el volumen de negocio del sector inmobiliario en España ha crecido entre 2015 y 2022 un 24,6%. A este respecto, en el informe de FOESSA se señala que el mundo empresarial ha encontrado, por tanto, en el sector inmobiliario una fuente constante de ganancias, y la especulación con el suelo y la construcción de viviendas ha dado paso a la creación de empresas lucrativas. Así, la compra de propiedades como bienes de inversión ha terminado distorsionando la dinámica original del mercado, provocando aumentos artificiales en los precios. Se ha generado un mercado en el que los precios no se rigen por el valor real de las propiedades y donde el fin último de las viviendas no es aquel para el que fueron concebidas, el de ofrecer cobijo y seguridad a las familias. Prima, y cada vez de forma más clara, la concepción de la vivienda no como un fin en sí misma, sino como un medio con el que es legítimo enriquecerse.
Y se concluye que la vivienda en España ha evolucionado de ser un derecho a convertirse en un bien de cada vez más difícil acceso para una parte significativa de la población. Los desafíos en la falta de acceso a la vivienda digna y adecuada son un reflejo de cómo el modelo ha priorizado el beneficio económico en lugar de garantizar un derecho humano.

Escasez de vivienda social
Así como que, a la luz de los datos reflejados hasta el momento, se pone de manifiesto cómo los planes, estrategias y políticas de vivienda puestos en marcha desde la Administración pública en todos sus niveles no han funcionado. Una de las diferencias más obvias y patentes que se encuentra, comparando el caso español con el de otros países europeos, es la escasez de vivienda social. Que según la Ley por el Derecho a la Vivienda se define como la vivienda de titularidad pública destinada al alquiler o cesión, o bien aquella construida sobre suelo de titularidad pública.
Según datos del Ministerio del ramo, España posee un exiguo parque de vivienda social que representa tan sólo el 2,5% de viviendas principales en nuestro país. Una cifra realmente baja si la comparamos con el conjunto de la Unión Europea (9,3%) o con países como Francia (16,8%), Austria (24%) o Países Bajos (30%).

Pie de gráfico: Fuente: FOESSA, con datos de Encuesta de Condiciones de Vida 2022.