CCOO impugnará la privatización de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV exigirá a administración provincial que retire la licitación y convoque una oferta de empleo público de letrados.
El sindicato recurrirá el expediente de contratación de un servicio externo de defensa judicial en materia laboral, dado que, hasta la fecha, todos los procedimientos judiciales en que la Diputación era demandada se han defendido por la asesoría jurídica propia, formada por personal funcionario.
La licitación contradice el anuncio del diputado de Personal de “revertir servicios privatizados”, hecho al comienzo de la legislatura. El secretario general de la FSC CCOO PV, Juan Cruz afirma que “en estos momentos existe un puesto de trabajo vacante en la plantilla, por lo que el sindicato exige su cobertura y que, si es necesario reforzar más la platilla, se convoque una bolsa de trabajo”.
Respecto al pliego, el texto afirma que es “necesario prever con antelación […] la prestación de este servicio dado el tiempo requerido par la preparación del expediente de contratación”. La FSC CCOO PV considera chocante el argumento porque “lo único que podría justificar una contratación externa es precisamente el no tener plantilla propia a tiempo y, sin embargo, se intenta aprovechar una detección temprana de necesidades para justificar la externalización del servicio, en lugar de convocar oferta de empleo público”.
La Diputación motiva su decisión en dos causas con las que Comisiones Obreras es muy crítica. Por un lado argumenta que “los procesos de funcionarización han reducido los litigios laborales”. El sindicato considera esta afirmación una falacia porque “el grueso de este tipo de procesos terminó hace muchos años y desde entonces la Diputación ha tenido pleitos tanto con funcionarios (de naturaleza contencioso-administrativa) como con personal laboral”.
La segunda motivación argumentada desde Diputación es que “la necesidad de conocer esta materia por parte de sus letrados no ha cesado”. CCOO rechaza de plano que se cuestione la competencia profesional en la materia de personal con varias décadas de experiencia, ya que supone un insulto, máxime considerando que “la defensa en juicios del orden social está explícitamente entre sus funciones”.
Diputación también argumenta que “la necesidad del contrato reside en el incremento previsible de los procedimientos judiciales […] como consecuencia de decisiones de gestión […] que con seguridad incrementarán los procedimientos en este ámbito”. Al respecto, CCOO critica que se dé por sentado que habrá litigios y que no se prevea evitarlos con diálogo social y negociación colectiva.
Comisiones Obreras considera muy preocupante que tanto en las decisiones que ya se hayan tomado (traslado de brigadas de Divalterra, licitaciones sin subrogación de trabajadores) como las que se prevean tomar, Jorge Rodríguez, como se espera de un presidente de la Diputación, no quiera buscar soluciones aceptables para los trabajadores.
En este sentido es una función específica del Letrado-Jefe la de “proponer a la Corporación las medidas o instrumentos jurídicos procedentes a fin de evitar o poner fin a situaciones litigiosas o jurídicamente conflictivas”. En coherencia, CCOO exige que este cargo, de confianza política, pueda y realice de manera efectiva esta función mediadora esencial, que se inserta entre la negociación colectiva y la vía judicial, la cual debe ser el último recurso para las partes.
Por todo ello, Comisiones Obreras solicitará a los grupos políticos del equipo de gobierno que se posicionen sobre este asunto, ya que supone un giro radical a la política de reversión de servicios acordada en el Pacte del Botànic.