Paterna, uno de los primeros pueblos en aprobar la ordenanza abolicionista contra la explotación sexual
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido esta mañana en Paterna con su alcalde, Juan Antonio Sagredo, a quien ha felicitado porque su ayuntamiento ha sido uno de los que ha aprobado una ordenanza abolicionista “para acabar con este tipo de esclavitud y proteger a las víctimas”. Con Paterna, son nueve los municipios que han aprobado esta medida y hay ocho que la tienen en trámite mientras otros 34 han manifestado su intención de hacerlo.
Durante el encuentro además del alcalde, han estado presentes la Teniente Alcalde de Seguridad, Nuria Campos, la concejala de Políticas de Igualdad, Isabel Segura, el Director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, así como el Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre.
Sagredo ha manifestado su satisfacción porque Paterna se haya convertido en todo un referente por su implicación en la erradicación de la explotación sexual, y ha destacado que “aunque no existe un problema de prostitución en Paterna, somos una ciudad progresista y comprometida con la igualdad en la que se lucha contra esta forma de explotación y, por este motivo, el pasado 19 de octubre entró en vigor esta Ordenanza en nuestro municipio”.
Por su parte Bravo, ha instado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a que aprueben ordenanzas abolicionistas contra la prostitución según el modelo que su departamento puso a su disposición en mayo de 2022 y que persigue a los proxenetas y a los clientes de sexo pagado con multas de hasta 1.500 euros.
Precisamente, la consellera ha lamentado que “pese a que estamos situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos porque estos 51 municipios sólo suponen poco el 9,4 % de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana”.
De este modo, Gabriela Bravo ha asegurado que se reunirá con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para “seguir instando a los ayuntamientos a incorporar la ordenanza como una prioridad”. También ha anunciado cursos de formación para que las policías locales puedan “atender” a estas mujeres “como lo que son, víctimas de violencia de género”.
El consistorio aprobó este reglamento de forma definitiva el pasado mes de octubre, convirtiéndose, de este modo, en una de las primeras localidades de España en contar con un marco legal para luchar contra la prostitución.
Siguiendo la propuesta de la Conselleria para proteger los derechos de las víctimas del sistema de prostitución, esta normativa municipal sanciona el consumo de prostitución para luchar contra la misma.
Impulsada desde las concejalías de Igualdad y Seguridad, la ordenanza municipal tiene en cuenta tanto medidas de carácter jurídico como recursos psicosociales que permiten la defensa de mujeres víctimas de la explotación sexual, a la vez que se garantizan la convivencia en los espacios públicos.
La consellera ha recordado que, además de las reformas de las leyes autonómicas de espectáculos y carreteras que ha propuesto, “pusimos a disposición de todos los ayuntamientos una ordenanza abolicionista” que “no aborda la prostitución como un problema de orden público, sino como un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y las reconoce como víctimas de violencia de género”.
En este sentido, el modelo prohíbe la demanda de sexo pagado y sanciona esta práctica con multas de hasta 1.500 euros para el cliente. Además, proscribe también la publicidad que promueva el consumo de prostitución al tiempo que articula planes integrales para que las víctimas de la prostitución puedan reconstruir sus vidas.
“Queremos un territorio libre de prostitución porque es una forma de violencia de género ya que no podemos aceptar una sociedad en la que el cuerpo de la mujer pueda comprarse sin olvidar que cuando hablamos de prostitución no hablamos de consentimiento”, ha concluido Gabriela Bravo.